La ministra de Comunicación, Gisela López, informó ayer que no está descartada la posibilidad de que el presidente Evo Morales viaje a La Haya, Holanda, para hacer seguimiento a las audiencias orales sobre la demanda marítima en el tribunal internacional que funciona en esa ciudad.
“El Presidente no ha descartado la posibilidad de constituirse en La Haya para poder ser testigo de los alegatos, la verdad es que el Presidente tiene un empeño, dedicación y empeño de realizar un seguimiento minucioso al desarrollo de este periodo, a partir de la demanda que presentó Bolivia ante este tribunal”, dijo la autoridad.
El pasado miércoles se conoció de forma oficial que la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que la defensa oral de los alegatos de la demanda boliviana contra Chile, sobre la demanda marítima, se desarrollarán entre el 19 y el 28 de marzo de este año.
En ese contexto, el embajador boliviano ante este tribunal, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), informó que la decisión final de ese alto tribunal sobre la Demanda Marítima sería tomada entre 4 y 6 meses, después del juicio oral. Es decir, Bolivia puede conocer el fallo entre julio y septiembre de este año.
“(Después del juicio oral) la Corte empezará a deliberar inmediatamente y con la práctica que se conoce puede tomar entre cuatro a seis meses, generalmente no es una fecha fija la emisión de una última decisión”, afirmó Rodríguez.
La causa marítima boliviana interpuesta contra Chile en la CIJ ingresará en marzo en su recta final, con la realización del juicio oral, etapa en que la defensa de Bolivia y Chile -según Rodríguez Veltzé- destacarán los aspectos más importantes y sobresalientes de sus alegatos escritos.
“Es prácticamente una reiteración de los aspectos más salientes y después concluye el proceso. Acto seguido, la corte debe considerar y emitir una decisión final”, sostuvo el agente boliviano.
Asimismo, Rodríguez Veltzé informó que una vez iniciado el juicio oral, la CIJ difundirá la memoria y contra memoria del proceso.
En abril de 2013, Bolivia denunció a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para tratar de obligar a ese país a negociar una salida soberana al mar.
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