El presidente Evo Morales dejó ayer abierta la posibilidad de ejecutar el decreto que convierte en empresas sociales a aquellas compañías, industrias o comercios que no cumplan con el depósito de los aportes descontados a trabajadores para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Cuando el empresario está abusando, con el obrero, con el fabril, sin reconocer los beneficios eso me dice el compañero (de la empresa) Punto Blanco, otras empresas que descontaron para sus aportes para AFP, no pagaron, gravísimo y la única forma a veces, es la experiencia que los fabriles se conviertan como en empresas comunitarias”, dijo citado por Fides en un acto de entrega de recursos al sector fabril.
Morales añadió que “estamos dispuestos compañeros y compañeras a acordar con ustedes para poder, no sé si es estatizar, pero a ver que entienda el empresario y que se resuelva el problema de los obreros”, dijo.
El año pasado, en el 62 aniversario de la Confederación de Fabriles de Bolivia, el Gobierno aprobó un decreto para viabilizar el paso de empresas en quiebra a manos de los obreros, con el objetivo de constituir empresas sociales.
“Si algunas empresas están abusando de los obreros, los obreros se convierten como dueños, hay créditos, hay tantas formas de resolver ese tema, y hay la tarea también de cómo cuidar el mercado para que esa empresa comunitaria no se convierta como un déficit”, agregó el Mandatario, según Fides.
El Presidente entregó ayer 7.367.994 bolivianos a la Federación de Fabriles de La Paz, para financiar la construcción de tres proyectos que beneficiarán a más de 10.000 trabajadores.
En un acto que se desarrolló en la sede de los fabriles, un representante de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) suscribió los contratos de ejecución de obra con tres empresas que se harán cargo de los proyectos.
Las obras son dos coliseos cerrados con capacidad para 1.500 personas, uno en la ciudad de El Alto y otro en La Paz, además de una cancha con césped sintético en la urbe paceña.
En la oportunidad, Morales manifestó que es “más fácil” trabajar con federaciones y organizaciones de trabajadores en la ejecución de obras que con las alcaldías, porque consiguen “buenas empresas” que ejecutan rápidamente las obras.
A diferencia de lo que ocurre con los gobiernos municipales, dijo donde existe el “chantaje” de un concejal y ya no se puede exigir la pronta ejecución del proyecto.
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