En un acto en el corazón de la región productora de coca del trópico cochabambino, el presidente Evo Morales afirmó ayer que gritar ‘causachum coca’ (viva la coca, en quechua) está “pasado de moda” porque, posiblemente, nuevos cultivos han desplazado en importancia a la considerada hoja sagrada de los incas, reportó la agencia EFE.
La posición del mandatario surgió justo cuando el embajador de la Unión Europea, Timothy Torlot, volvió a exigir al Gobierno la presentación del estudio integral de consumo de hoja de coca en el país, que la administración de Morales viene posponiendo desde hace tres años, y ahora que la ciudadanía está consternada por la muerte de cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que cumplía labores de erradicación en una región paceña.
“Tal vez hay que decir causachum piña, causachum naranja o causachum palmito. Creo que estamos equivocados gritando causachum coca. Creo que ha pasado de moda eso", expresó el mandatario en un acto realizado en Lauca Ñ, municipio Shinahota del trópico cochabambino.
Poco antes, Morales, que continúa como presidente de las seis federaciones de cocaleros de la región, expresó: “A lo mejor ya no es importante la coca en Chapare”, y pidió a sus bases respetar las parcelas autorizadas para la siembra del arbusto (1.600 metros cuadrados), señalando que bajo su administración no habrá libre cultivo de la planta, según EFE.
Analistas desconfían
En opinión del politólogo Jorge Kafka, la posición del presidente se debe a la proximidad de las elecciones de 2014. “Una de las principales debilidades de Morales es su relación con el sector cocalero. El poder de este sector en Chapare es evidente en el aparato gubernamental y esa vinculación no lo favorece”, manifestó el analista, que sostiene que otro factor para el cambio de discurso es la no presentación del estudio del mercado de hoja de coca en Bolivia, que exige la UE.
Por su lado, el constitucionalista Carlos Hugo Molina cree que la declaración de Morales es un reconocimiento de que hay una deuda del Estado boliviano con la comunidad internacional por no presentar hasta ahora el informe de consumo de coca en el país.
“Este es un mensaje duro para quienes hasta ahora han sostenido una libertad irrestricta de ciertos grupos, con la complacencia de ciertos niveles gubernamentales”, argumentó Molina.
Ayer, el embajador Timothy Torlot expresó su malestar porque la UE espera desde 2010 que el Gobierno entregue los resultados del estudio sobre consumo de coca en el país. Por su lado, el líder del MSM, Juan del Granado, afirmó que el informe establece que en el país solo son necesarias 6.000 hectáreas de coca, frente a las 20.000 que exigen los cocaleros.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en 2012 informó de que el primer estudio presentó deficiencias metodológicas, por lo que se solicitaron ocho estudios complementarios. El plazo para el informe finalizaba este mes, pero el Gobierno lo pospuso sin fecha
Analizan instalar puesto de control
El Gobierno analiza la posibilidad de instalar un puesto militar o uno policial en la población de Apolo y en la frontera con Perú.
Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “se justifica un control fronterizo militar, posiblemente apoyado por otras instituciones, pero si hay narcotráfico ahí la decisión tendrá que orientarse por establecer un regimiento de Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural)”.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, indicó que el puesto militar servirá para evitar que extranjeros ingresen a la zona para asentarse en territorio boliviano. Por su parte, el puesto de Umopar tendrá la tuición de controlar la coca ilegal y el narcotráfico. Mientras tanto, permenecen los rastrillajes con un grupo militar de élite.
Sobre el hecho
IGLESIA CATÓLICA SE PRONUNCIA
La Conferencia Episcopal de Bolivia pidió el esclarecimiento y debidas sanciones a los implicados en los asesinatos ocurridos en la localidad de Apolo.
La ONU, PREOCUPADA
La coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, calificó como “preocupante” la violencia desa-tada en Apolo.
Evo Defiende a campesinos
Evo Morales dijo que quienes victimaron a los cuatro miembros de la FTC no son miembros del movimiento campesino, sino extranjeros.
Cocaleros decidirán extensión
Una cumbre de cocaleros será la que defina la cantidad de hetáreas necesarias en Bolivia, señaló el senador oficialista Fidel Surco.
Hay contradicciones sobre una prueba
La semana pasada el Gobierno anticipó que algunos cocaleros de la provincia Apolo iban a defender sus cultivos con armas de fuego. La prueba era un voto resolutivo firmado por la dirigencia del lugar, que tras la muerte de los cuatro miembros de la FTC se constituyó en la principal prueba por la que se imputó a los detenidos.
Sin embargo, con nueve detenidos preventivos y 12 arrestados, contando a los que llegaron ayer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la prueba no aparece en el cuaderno de investigaciones, mientras que los fiscales que investigan el caso se contradicen sobre su existencia.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció alarmado el jueves anterior que los apoleños resistirían la erradicación. “Un grupo de productores de Apolo decidió armarse para defender sus cocales. En una resolución piden el retiro inmediato de la FTC. Esta es una amenaza grave”, dijo Cáceres.
El dirigente apoleño, Gregorio Cari, que fue imputado por inducir a la violencia con ese voto resolutivo, negó que hubiera firmado el dictamen y acusó al Gobierno de falsear su rúbrica para involucrarlo en el hecho de sangre.
Las investigaciones aún no establecieron quiénes dispararon contra los erradicadores de la FTC. El fiscal Leopoldo Ramos dijo que mostraría la resolución “una vez que me traigan el cuaderno de investigaciones, donde existe una declaración manifiesta, escrita, que señalan que van a resistir con armas”. EL DEBER esperó, pero el cuaderno no llegó.
Fernando Villarroel, otro de los cuatro fiscales que investiga el hecho de sangre, indicó que no conoce la supuesta resolución. “La comisión desplazada en La Paz ignora este hecho. No tenemos ninguna constancia de un voto resolutivo que cursa en el cuaderno de investigaciones presentada”, aseveró.
Los otros dos fiscales de la comisión llegaron ayer a La Paz con los últimos ocho detenidos desde ese municipio. Luego de indagar en el lugar de los hechos, los fiscales traen armas desenterradas, casquillos de bala, municiones, muestras de la sangre derramada y ropa, para presentarla como pruebas de lo sucedido.
Ayer se denegó la acción de libertad de Gregorio Cari, que permanece con detención domiciliaria en La Paz.
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