El presidente Evo Morales se refirió en conferencia de prensa a los recientes hechos sucedidos en Apolo, en el departamento de La Paz, donde miembros de las Fuerzas de Tarea Conjunta fueron emboscados y recibieron un ataque armado que terminó con la muerte de cuatro personas, calificó este incidente como un 'hecho criminal' y aseguró que la Policía no se moverá del lugar.
"Tampoco podemos aceptar que haya libre cultivo de hoja de coca, sabemos que una parte desvían, por eso este tema de racionalización en algunos lugares y en otros erradicación total", dijo Morales.
El primer mandatario dijo que el caso de lo sucedido en Apolo se trató de una 'acción planificada militarmente' que debe ser investigada y sancionada.
El presidente recordó que es la primera vez que el Estado ingresa a esta zona de cultivo de hoja de coca ilegal y que de ahora en adelante su presencia será permanente.
"Nunca ha habido presencia del Estado en esta zona y nosotros hemos entrado a esta zona, lamentamos mucho los resultados, pero ahora es nuestra obligación la presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas sentar (presencia) en estas zonas", dijo Morales.
Al ser consultado sobre la presencia de carteles que estén operando en el país, el presidente dijo que serán las investigaciones de la Policía y el Ministerio Público las que determinen quienes son responsables de estos hechos de sangre que han enlutado a cuatro familias, que aseguró no serán olvidadas por el Estado.
Tranquilidad vuelve a Apolo
Por su parte el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, informó este martes que Apolo, al norte del departamento de La Paz, 'comenzó a tranquilizarse' después de la emboscada 'salvaje y violenta' que sufrieron el fin de semana miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cuando se disponían a erradicar la hoja de coca excedentaria en la región.
Pérez, en entrevista con radio Patria Nueva, dijo que la población 'comenzó a tranquilizarse' y a 'despertar a la realidad' en la que un grupo 'salvaje' mató a gente que sólo cumple un mandato de la Constitución Política del Estado (CPE), que es de reducir las plantaciones ilegales de coca.
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