El presidente Evo Morales manifestó ayer que no es juez ni fiscal para pronunciarse sobre la exclusión de “forma definitiva” del actual embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, de la investigación sobre la violenta represión policial sufrida en 2011 por indígenas del Tipnis en Chaparina.
“Para mí, el caso está en manos de la justicia”, respondió el Mandatario al ser consultado por los periodistas sobre esa decisión y las afirmaciones de algunos sectores, a raíz de esa resolución, de que hay injerencia del Gobierno en el Ministerio Público y que se protege al exministro.
Por otro lado, representantes del Movimiento Sin Miedo (MSM) y de Unidad Nacional (UN) coincidieron al afirmar que la justicia es manipulada por el Ejecutivo.
Por lo que, Edwin Herrera, del MSM, calificó de incongruente el comentario del presidente Morales sobre la justicia.
Una comisión de fiscales ratificó el martes pasado la resolución de 2012 y excluyó de forma definitiva a Llorenti del denominado caso Chaparina por “no existir mayores elementos” de que el entonces exministro de Gobierno “participó del hecho punible atribuido”, informó el fiscal del Distrito de La Paz, José Ponce.
Líderes políticos opositores descalificaron esa resolución y afirmaron que esta es la prueba de que la justicia boliviana está subordinada al Ejecutivo y es manipulada desde Palacio de Gobierno, para proteger a Llorenti, quien como titular de Gobierno habría dado la orden para la violenta represión.
Consultado sobre el tema, el Mandatario pidió a los periodistas preguntar sobre el caso a quienes corresponde, “Para mí eso está en manos de la justicia, pregunten por qué han excluido o incluido (a Llorenti) esa no es mi responsabilidad, no es mi atribución”, precisó Morales.
En declaraciones pasadas, Morales aseguró que ni él, ni el vicepresidente Álvaro García Linera ni los ministros dieron orden para reprimir a los indígenas que se dirigían a la ciudad de La Paz para rechazar la construcción de una carretera por medio de la reserva natural Tipnis.
Medio millar de agentes cargaron con gases y porras, amordazaron a los dirigentes y a mujeres con cinta adhesiva y les trasladaron por la fuerza en vehículos a pueblos vecinos.
De acuerdo a las pruebas y testimonios presentados dentro las investigaciones Llorenti fue quien dio la orden de intervención, desvirtuando el argumento del exministro que afirmó que hubo ruptura de mando y fueron algunos jefes policiales que tomaron la decisión.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió en septiembre pasado, al cumplirse dos años del incidente, la suspensión de Llorenti como embajador ante la ONU, para que responda a la acusación por su supuesta responsabilidad en la represión.
Morales replicó a esta petición llamando “instrumento de la derecha” al Defensor del Pueblo.
Ayer representantes de Unidad Nacional (UN) y del Movimiento Sin Miedo (MSM) coincidieron en afirmar que la justicia boliviana no cuenta con autonomía. “Es otra muestra más de que la justicia está cooptada por el Ejecutivo. Hay una política contra los opositores y otra a favor de los oficialistas. Está clara la participación de Llorenti. Si la justicia fuera independiente Sacha Llorenti estaría en la cárcel, nuevamente Evo Morales le quiere echar la culpa a los ponchos y las polleras”, señaló el líder de UN, Samuel Doria Medina a la red Gigavisión.
“Evo manipula la justicia”
El Movimiento Sin Miedo (MSM) a través de pronunciamiento, afirmó que se trata de una incongruencia del Primer Mandatario, criticar la justicia, cuando es él quien la manipula y la prueba de ello es la exclusión definitiva de Sacha Llorenti del caso Chaparina.
El vicepresidente del MSM, Edwin Herrera, señaló que las criticas de Evo a la justicia y el caso de Llorenti “confirman la demagogia electoral, el cinismo político y la incapacidad institucional con las que el Gobierno del MAS encara el fracaso de la reforma de la justicia, un problema estructural que se profundizó en los últimos 8 años”.
Preparan nuevas acciones legales
El abogado Eduardo León, representante del exdirigente del Conamaq Rafael Quispe, quien fue víctima de la represión policial en Chaparina, dio a conocer que preparan tres acciones para enjuiciar al exministro Sacha Llorenti por esa represión, luego de que la Fiscalía le liberó de toda responsabilidad.
León dijo que presentarán una acción de objeción para que el juez cautelar revise los fundamentos legales -que no tiene dijo- de la resolución fiscal que excluye a Llorenti del caso, y por otra parte, una acción de reconversión para enjuiciar a LLorenti directamente en un Tribunal de Sentencia.
Por otra parte, dijo que ante esta situación y tomándole la palabra al vicepresidente Álvaro García Linera, quien advirtió con cárcel a los fiscales que retarden los casos, se le enviará una carta junto a los antecedentes para que inicie acciones contra los fiscales que demoraron 17 meses en dictar la resolución.
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