El 14 de julio de 2010, así como sucedió desde 1879, el Gobierno de Chile se comprometió, una vez más, a “alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles” sobre el enclaustramiento marítimo de Bolivia.
Mónica Soriano López, viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, y Fernando Schmidt Ariztía, viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, firmaron el documento que estableció estas tratativas en el punto VI de la Agenda de 13 puntos.
El acápite referido señala: “VI. Tema Marítimo. Los Vicecancilleres destacaron la importancia del diálogo bilateral como un mecanismo de entendimiento entre los gobiernos de Bolivia y Chile.
Reafirmaron que el proceso refleja una política concertada entre ambos gobiernos y, considerando los altos niveles de confianza mutua alcanzados en la presente reunión, confirmaron preservar este clima de modo que estimule el diálogo bilateral a fin de abordar la amplia temática del Punto VI de la Agenda de los 13 Puntos en dicho contexto y proponer así cómo alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en las próximas y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas que beneficien el entendimiento y la armonía de ambos países”.
En esa reunión se acordó además que en noviembre de 2010 se volvería a realizar la Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, en la ciudad de Arica.
Sin embargo, el Gobierno de Chile, dirigido entonces por el presidente Sebastián Piñera, suspendió de forma unilateral el encuentro.
Por ello, el presidente Evo Morales solicitó a su similar chileno, Sebastián Piñera, reunirse el 17 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil, en el marco de la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur).
En la cita, Morales le exigió una explicación a Piñera del “por qué se postergó la reunión de noviembre para tratar las soluciones concretas y factibles” sobre el tema marítimo.
A razón de ello, los presidentes acuerdan elevar al máximo nivel el análisis de la agenda bilateral y la tarea la asumen los cancilleres David Choquehuanca y Alfredo Moreno.
Para posibilitar ello, el Ministro boliviano viaja el 17 de enero de 2011 a Santiago.
Sin embargo, Choquehuanca no “encontró capacidad (de Chile) para proponer a nuestros pueblos estas soluciones concretas, factibles y útiles”, lo que se repitió durante la visita que el Canciller de Chile hizo a La Paz, el 7 de febrero de 2011.
El presidente Evo Morales solicitó de manera pública que Chile presente estas “propuestas concretas, factibles y útiles”, pero La Moneda no respondió.
El 23 de marzo de 2011, durante su discurso por los actos por el Día del Mar, el presidente Morales señaló que “la lucha por nuestra reivindicación marítima, lucha que ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al océano Pacífico”.
La decisión, muy distante a la que se asumió en 1920, cuando se apeló a la Liga de Naciones, se comenzó ejecutar con la creación de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) y el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, el 5 de abril de 2011.
En un inicio, Morales había barajado la idea de demandar el Tratado de 1904, que selló el asalto de 400 kilómetros lineales de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio por parte de Chile tras la invasión de 1879.
“Yo me estaba equivocando, aquí la demanda era por los compromisos, por los ofrecimientos, por los acuerdos de la OEA, entonces no era por el Tratado de 1904, así aprendemos, así aprendo, quiero ser sincero”, reveló el Presidente durante una reunión con el cuerpo diplomático del país el 14 de octubre.
Ya delineada la tesis judicial, el Jefe de Estado convocó a los expresidentes y excancilleres para definir la demanda que, precisamente, se sustentó en los actos unilaterales de los Estados que generan obligaciones jurídicas exigibles.
Pasadas las 09.00 del 24 de abril de 2013, una delegación de Bolivia presentó la demanda (aplicación) en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tiene su sede en La Haya.
La demanda boliviana solicita a la CIJ “que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico”.
La Paz apela a los compromisos que varios gobiernos chilenos asumieron para atender el derecho marítimo y los fundamentó en la memoria que presentó en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, el 15 de abril de 2014.
Chile tenía hasta el 18 de febrero de 2015 para presentar su contramemoria; sin embargo, la presidenta Michelle Bachelet, luego de escuchar al equipo de asesores, optó por objetar la competencia del tribunal, hecho que se materializó el 15 de julio de 2014.
La Corte “suspendió el procedimiento sobre el fondo” de la demanda y dio a Bolivia hasta el 14 de noviembre de 2014 para que presente “una declaración escrita de sus observaciones y conclusiones sobre la excepción preliminar interpuesta por Chile”.
Entre el 4 y 8 de mayo de 2015, los magistrados de la Corte escucharon los alegatos de Bolivia y Chile sobre la objeción chilena.
El 24 de septiembre de 2015, la Corte anunció su fallo sobre esta suerte de minijuicio. El presidente de la Corte, Ronny Abraham, señaló que “por 14 votos a dos, rechaza la excepción preliminar planteada por la República de Chile” y “resuelve que tiene competencia, sobre la base del artículo XXXI del Pacto de Bogotá, para conocer la Aplicación presentada a la Corte por el Estado Plurinacional de Bolivia el 24 de abril del 2013”.
El vicepresidente Álvaro García Linera definió al presidente Morales como el gran arquitecto de la demanda y que unificó en torno a ésta a todos los bolivianos.
El “arquitecto que diseñó esta estrategia de unir al pueblo, de unir los partidos políticos, de unir organizaciones sociales, de unir expresidentes, de unir excancilleres en torno a una decisión valiente de ir a un Tribunal Internacional fue Evo”, afirmó García Linera.
Andrés de Santa Cruz sentó soberanía en el puerto de Cobija
El Mariscal Andrés de Santa Cruz mostró un gran interés por el puerto de Cobija, lo habilitó como tal para entregarlo al comercio interno y externo.
“No es gratuito que Santa Cruz haya sido el primero que visitó el puerto La Mar y después Cobija, además fue creador de la provincia —con un rango especial— denominada Litoral”, señaló el expresidente Carlos Mesa el 1 de octubre, cuando se recordaron los 150 años de la muerte del Mariscal.
En efecto, el 30 de diciembre de 1832, Santa Cruz y su comitiva oficial llegaron al puerto de Cobija, donde fueron recibidos con manifestaciones de júbilo por sus habitantes. Ese mismo día dictó varios decretos en beneficio de este importante puerto boliviano que incluyó la construcción de bombas para extraer agua potable para el consumo de sus habitantes, la construcción de almacenes y un cuartel para 300 soldados de tropa, fortificó con 24 cañones de grueso calibre en el morro Blanco, un lugar bastante estratégico para el resguardo de posibles incursiones de fuerzas externas.
Cobija integraba, junto con los puertos de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones y las poblaciones interiores de Calama y San Pedro de Atacama, el Litoral boliviano que fue usurpado por Chile en 1879.
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